INCUMPLIMIENTO SIN FRONTERAS DE UNA LEY EUROPEA

 

          Lo hemos comprobado ya en otras ocasiones. Por mucha retórica que se arbitre, a la Unión Europea se le ve siempre el plumero mercantil y económico de su origen como “mercado común”. Da la impresión de que para los burócratas de Bruselas y de Luxemburgo cualquier otro tipo de consideraciones es secundario.

 

          Quince años después de la puesta en marcha de la Directiva “Televisión Sin Fronteras”, incorporada a nuestra legislación en julio de 1994, sería buena ocasión –como venimos pidiendo- para revisar su grado de cumplimiento en cada país, llamar al orden a los que no cumpliesen y revisar lo revisable a la vista de la experiencia y de los avances tecnológicos.

 

          Pero no. A la Comisión correspondiente, a los ministros de Cultura, al Parlamento europeo y al Consejo de la UE lo que parece interesarles únicamente es “flexibilizar” la normativa sobre publicidad televisiva, es decir, ampliar el límite de doce minutos por cada hora de emisión, hacer más frecuentes los cortes publicitarios a todas horas, saltarse las fronteras en cuanto a legislación y dar vía libre a la publicidad indirecta en el contenido de los programas. Porque, en definitiva, es esto lo que se traen entre manos, de aquí a la primavera próxima.

 

          Mientras tanto a los telespectadores no nos queda más remedio que seguir clamando por el cumplimiento de las leyes y en especial de esa “Televisión Sin Fronteras” cuyos capítulos IV (De la protección de los menores), V (Derechos de los espectadores a la información) y VI (Del régimen sancionador) parecen inéditos para todas la Cadenas españolas, incluidas las de titularidad pública.

 

          ¿No es en pleno vigor de esa famosa Directiva cuando se confirma en nuestro país el primado europeo de la llamada “telebasura”, con denominación de origen española?...

 

          ¿Qué cadena respeta la prohibición expresa de emitir desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche programas, escenas o mensajes que “puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores”?...

 

          ¿Cuántas cadenas se preocupan de advertir de la mayor o menor idoneidad de cada programa para los menores de edad? ¿No se dice en la misma ley que si en el plazo de tres meses “los operadores de televisión no se hubieran puesto de acuerdo respecto de un sistema uniforme de presentación de estas calificaciones, el Gobierno dictará las normas precisas para asegurar su funcionamiento”?...

 

          ¿De verdad que ninguno de los anuncios con los que indiscriminadamente se bombardea a la audiencia explota la “credulidad” y la “inexperiencia” de los menores o su “especial confianza” en personajes públicos o de ficción?...

 

          ¿Alguien recuerda en estos quince años alguna sanción del Estado o de las Comunidades Autónomas por infracciones graves que, sobre el papel, podrían suponer multas de hasta cien millones de las antiguas pesetas e incluso la suspensión de la concesión del servicio de televisión o su revocación en caso de reiteración?...

 

          Pues sí, teniendo la televisión que tenemos, callamos ante estas preguntas, en señal clara de que aquí esta ley no se cumple y de que los valores supremos de nuestra televisión son el negocio y la propaganda política.